Comunicar Valor

A principio de año, gracias a una iniciativa de cinco organizaciones no gubernamentales, se creó la red regional Periodismo por el Acceso a la Información Pública.

Si bien se intentó impulsar en nuestro país la práctica del derecho a través del Decreto 1172 (elaborado desde la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia conducido por Marta Oyhanarte y firmado allá lejos en diciembre del 2003 por el entonces Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner), nuestro país debe bastante en la materia.

Fue así como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela y Perú, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua, presentaron esta red tendiente a “la promoción del AIP (Acceso a la Información Pública) y al fortalecimiento de las normas que regulan la materia”.

Para remitirme directamente a la fuente y conocer un poco más acerca del estado real en el que nos encontramos hoy, cinco años después de ese decreto, hablé con Sebastián Lacunza, Director Ejecutivo de FOPEA, Foro de Periodismo Argentina.

¿Cómo se dió el acercamiento entre las 5 ONGs que dieron origen a la red?. ¿Qué necesidades manifestaba cada una de ellas en relación a su país y al acceso a la información pública dentro de sus territorios?
Compartimos con diversas organizaciones de la Sociedad Civil áreas de interés en común y una agenda a veces coincidente, más allá de que ciertos objetivos, prioridades y enfoques pueden ser distintos entre este grupo. Como periodistas, entendemos que el acceso a la información, además de un derecho ciudadano, es una herramienta de trabajo. De allí nuestro interés.
A pesar de los 25 años del fin de la dictadura, los distintos poderes que funcionan en Argentina no terminan de incorporar prácticas que ampliarían las fronteras de la democracia.

Entendiendo que la práctica de este derecho a nivel nacional está garantizado por nuestra Carta Magna y representa sin dudas la expresión más pura de un sistema democrático, republicano y federal, no fueron pocas las asociaciones y periodistas que se sumaron a esta red que nació con 5 ONGs y hoy representa a países como Honduras, Méjico y Costa Rica.
Lamentablemente, tampoco fueron pocos los que entendieron lo contrario.

Uno de los artículos consultados comenta que en la provincia de Santa Fe, uno de los principales opositores al proyecto de ley es el partido justicialista. ¿Ud. considera que a la hora de poner condicionantes son ellos los únicos detractores o el bloqueo para la promulgación de una ley nacional, en realidad, no conoce de partidos?
En Santa Fe, el justicialismo obstaculizó la ley mientras fue gobierno. Sin embargo, hace más de 10 meses que asumió Binner y tampoco hubo avances concretos en ese sentido. El gobernador nos dijo que el PJ sigue trabando la sanción de una ley. De hecho, tuvimos conocimiento de pedidos de información presentados en la provincia hace 6 meses, apelando a derechos constitucionales, y no hubo respuesta del gobierno actual.
Diría que en términos generales el PJ no es un partido favorable a impulsar el acceso a la información, pero ello le cabe, en términos generales, a casi todo el arco político. Hay malas experiencias del radicalismo gobernante (en sus diferentes versiones), Binner está por verse y Macri no hizo demasiado para impulsar la ley vigente en la Ciudad, por ejemplo.

Otro de los textos afirma que luego de la firma del decreto existieron, sin embargo, pocas solicitudes de información pública. ¿considera que debieran existir campañas de difusión (masivas, además de los encuentros que se realizan entre profesionales) de este derecho?
Sin duda, tanto a nivel nacional como provincial. El gobierno de Cristina Fernández debería impulsar una ley para superar las barreras que supone la limitación de aplicación que tiene un decreto y, mientras tanto, difundir mucho más la norma vigente.

Cinco años han pasado ya y poco cambio se percibe. Incluso, otros países parecen haber avanzado, dejándonos rezagados en esta carrera por mayor transparencia democrática. Prueba de ello es que mientras en la Argentina en septiembre de este año Jujuy organizaba una nueva jornada de debate para seguir contribuyendo a la difusión de este derecho, Uruguay celebraba un mes después la promulgación de su ley de AIP, promovida por el Grupo GAIP (Grupo Archivos y Acceso a la Información Pública), formado apenas 3 años antes.
Parece que aún no se ha tomado real conciencia de que “una información pública, veraz, adecuada y oportuna ocupa un papel fundamental en el ejercicio de un gobierno democrático”.
¿Cuán cerca considera Ud. estamos hoy de convertir el Decreto 1172/03 en ley nacional?
Bastante lejos.
Parece que no se tomará tampoco en un futuro cercano.

Para más información, visitar http://www.periodismo-aip.org/